Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur.
Se realizó en la ciudad de Córdoba un conversatorio con referentes de organizaciones sociales para discutir los desafíos que presenta la construcción de esta propuesta. Fue un espacio de debate, encuentro y reflexión para compartir y socializar estrategias, desafíos y propuestas legislativas respecto al hábitat en Argentina.
El viernes 20 de septiembre nos encontramos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba para compartir e intercambiar experiencias territoriales de autogestión de hábitat desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba. Buscamos repensar y analizar aportes a la iniciativa de Ley Nacional de Autogestión del Hábitat Popular, además de identificar estrategias organizativas y de articulación con otros actores locales y nacionales que hagan posible establecer una agenda de trabajo común de incidencia local y nacional.
El conversatorio se propuso en el marco de los encuentros que el colectivo de Hábitat Popular ha realizado para promocionar y debatir la propuesta de Ley Nacional de Autogestión del Hábitat Popular, y la larga trayectoria de trabajo de CISCSA (integrante, entre otras, de la Red Mujer y Hábitat LAC y de la AFM) sobre la necesidad de incorporar la perspectiva feminista y la mirada de mujeres y disidencias relacionadas a sus derechos a la ciudad.
Ana Falú, directora de CISCSA, fue quien dio inicio a la actividad. “Acá hay mucha historia, mucha historia de esfuerzos, de trabajos construidos de maneras colectivas”, expresó.
Desde sus distintos espacios de acción, Falú impulsa el enfoque de igualdad de género en la planificación urbana, la legislación y el desarrollo para lograr la inclusión y la integración plena de mujeres y niñas en las ciudades. “La violencia urbana tiene distintos rostros y nosotras queremos poner el foco en las violencias hacia las mujeres”, remarcó, antes de hacer un recorrido por el trabajo realizado desde la Red Mujer y Hábitat: “¿Qué planteó la Red desde su inicio? Nos planteamos generar conocimientos desde una perspectiva de los derechos de las mujeres al territorio. Después avanzamos, avanzamos tanto que nosotras hoy decimos que nuestro territorio empieza en nuestro cuerpo y, desde ahí, decimos que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras casas, sobre nuestros barrios y ciudades”.
Ana Laura Elorza, Doctora en Ciencias Sociales y Magíster en Gestión y Desarrollo Habitacional cuyo trabajo de investigación aborda temas relacionados con el acceso al hábitat y políticas habitacionales dirigidos particularmente a población vulnerable, planteó: “Del total de hogares del Gran Córdoba (523.000 hogares), el 49% son hogares con jefatura femenina. En relación a las condiciones económicas, encontramos que el 30% de los hogares con jefatura femenina se encuentran bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿Cómo podrían adquirir un terreno para acceder al plan de vivienda?”.
Elorza compartió su análisis en torno al Programa Vivienda Semilla (un plan de vivienda implementado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, que se proponía construir 25.000 viviendas) y dejó al descubierto las múltiples dificultades que las jefas de hogar deben enfrentar para poder acceder a dichas viviendas. También denunció que el Estado no contempla en sus políticas la informalidad de las condiciones de trabajo de las mujeres, que el 40% de las jefaturas femeninas no alcanza el salario mínimo, vital y móvil, ni la composición de los hogares, una trama de vulnerabilidad socioeconómica que decide ignorarse.
Experiencias de resistencia, lucha y autogestión
Después de estas dos exposiciones, el conversatorio dio lugar a la participación de las personas invitadas para contar sus experiencias de resistencia, lucha y autogestión del hábitat. El objetivo fue identificar necesidades y aportes a la Ley y pensar cómo su construcción es transversalizada por la perspectiva feminista.
La primera en tomar la palabra fue María Heredia, militante social e integrante de la Cooperativa de Vivienda y Consumo del Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba, que durante los años ’90 fue referente de la Unión de Organizaciones de Base, experiencia única de concertación para el mejoramiento de las políticas públicas de Hábitat en la Provincia de Córdoba. “Necesitamos plazas en los barrios para conversar con los vecinos y vecinas, para llevar a los niños, a las personas viejas. Necesitamos transporte y calles asfaltadas para que el transporte pueda entrar. Tampoco tenemos luz, ni seguridad. Alguna vez, en los barrios populares, las mujeres organizadas queremos tener una vivienda digna y poder decidir cómo queremos nuestra vivienda”, sostuvo, y recuperó un principio de la Unión de Organizaciones de Base: “Donde hay una necesidad, existe un derecho”.
En segundo lugar habló María Eugenia Reyes, integrante de la Cooperativa Unión y de la Federación de Cooperativas Autogestionarias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). Reyes hizo un breve recorrido por su experiencia, recordó cómo llegó desde Chile a la Argentina, cuando aquí se terminaba la última dictadura cívico militar y empezaban a desarrollarse dos fenómenos simultáneos: la ocupación de tierras en las zonas rurales y la ocupación de edificios, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Ella fue parte de la experiencia fundacional del MOI, la ocupación del edificio del Patronato de la Infancia (Padelai) en el céntrico barrio de San Telmo. María Eugenia resaltó el papel que tuvieron las mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, ya que fueron las primeras en ocupar el espacio junto a sus hijos/as. “Más que un techo necesitábamos la ciudad, porque teníamos hijos y en la ciudad había colegios, el hospital cerca, el trabajo, etc.”, señaló.
Desde Alta Gracia se acercaron dos compañeras de la Cooperativa 8 de agosto, Romina Florez y Andrea Tosetti. La cooperativa (cuyo nombre recuerda al día de 2012 en el que algunas familias, sin lugar donde vivir ni dinero para afrontar un alquiler, decidieron tomar parte de las tierras del ex ferrocarril en plena sierra) se contactó con otras organizaciones, como Servicio en Promoción Humana (Serviproh) y el Centro Experimental de la Vivienda Económica, de las cuales recibieron ayuda y asesoramiento. Desde el inicio, la apuesta fue trabajar por un proyecto de vivienda social pero, como contó Andrea, “todo es muy lento… Tuvimos que luchar por las tierras, aprender a construir, trabajar juntos. Pese a todo, ha sido y seguirá siendo una lucha y una experiencia muy linda”. Hace algunas semanas acamparon para reclamar a la municipalidad las obras necesarias para regularizar los servicios básicos de luz y agua que, por ahora, tienen gracias a obras provisorias que han hecho las mismas familias. “Somos pobres, no podemos esperar 10, 15, 20 años para poder acceder a un baño, pero la municipalidad nos dice que debemos esperar”, explicó Tosetti.
Siguiendo con el intercambio, compartieron su experiencia Rebeca Villalba y Vanesa Villegas, vecinas del Barrio Parque Esperanza de Estación Juárez Celman en Córdoba e integrantes de la organización Jóvenes al Frente. El 1° de junio de 2018 las familias que allí vivían sufrieron un violento desalojo por parte del gobierno, que las dejó en la calle y sin soluciones. Desde entonces, muchas se vieron forzadas a vivir en una capilla cercana al predio donde antes tenían sus casas. No sólo reclaman una solución por parte del Estado, sino que también se organizan para desarrollar herramientas para discutir, proponer y producir su hábitat. “A la hora de sostener un proceso comunitario, es importante para las compañeras poder dar una salida, una respuesta a la economía que estamos viviendo. Por ahí aparecemos como producto de análisis o como las que llevan adelante algún proyecto que se imaginan los académicos, pero después somos nosotras las que lo tenemos que sostener. En buena hora que eso pase, porque también es algo que nos han negado”, señaló Villalba al contar cómo están produciendo ladrillos para construir sus nuevas viviendas en los terrenos que lograron que el Estado les otorgue. “Tenemos que recuperar el cooperativismo y que las mismas compañeras sean quienes discutan políticas públicas. Discutamos juntas hábitat, sostenibilidad, las leyes y cómo queremos vivir”, dijo al cerrar su participación.
Sobre el final compartieron su experiencia Marina Thia y Néstor Jeifetz. Marina es integrante de la Federación de Cooperativas Todos Juntos y fue parte de la Comisión de Tierra y Vivienda de la Cancillería Argentina y de la Comisión de Vivienda del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). También forma parte del Colectivo de Hábitat Popular, que presentó el proyecto de nacionalización de la Ley N° 341, sancionada en el año 2000, que permitió poner en marcha el Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV) en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a hogares en situación habitacional crítica, a los cuales el PAV les otorga subsidios o créditos con garantía hipotecaria. La Ley N° 341 prevé que estos hogares (a título individual o incorporados a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro) elijan y compren terrenos, contraten servicios profesionales, adquieran los materiales necesarios y gestionen el cobro de los certificados de avance de obra.
Thia señaló que la importancia de la Ley 341 radica en que “da autonomía de decidir cómo quieres vivir, qué material quieres poner, cómo quieres hacer tu casa”. Desde la sanción de esta ley, numerosas cooperativas inauguraron sus obras, dando solución habitacional a miles de familias en distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires. “Cuando hay unidad, organización y ganas de tener un techo propio, todo es posible. No es desde escritorios: el Derecho a la Ciudad se pelea desde abajo”, sostuvo.
Jeifetz, arquitecto y miembro del Equipo Técnico Interdisciplinario del MOI, cerró la ronda: “Frente a la lógica del capital urbano se generaron procesos de tomas de tierra. Los recursos están, el tema es si el Estado los destina al capital extranjero o al pueblo. Esa puja es la lucha de poder”.
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