Compromisos de Puebla para la Cumbre de Nairobi CIPD+25

Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur

Las adhesiones se pueden realizar aquí. El documento en español se puede leer en Compromisos Puebla – octubre 2019 y en inglés haciendo click aquí.

Reunión regional preparatoria de América Latina y El Caribe para la Cumbre de Nairobi

UN ASUNTO PENDIENTE: LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LA LIBERTAD DE DECIDIR DE TODAS LAS PERSONAS

LOS COMPROMISOS DE PUEBLA

México, 26 de septiembre de 2019

Preámbulo

Hace 25 años se acordó el Programa de Acción de El Cairo y en el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas extendió su mandato de manera indefinida, más allá de 2014, por considerar que los compromisos allí acordados, las medidas y objetivos, estaban plenamente vigentes y porque quedaban desafíos pendientes cruciales para el desarrollo. En abril de 2019 durante la Sesión 52 de la Comisión sobre Población y Desarrollo, se reafirmó la importancia de este Programa como eje orientador para las políticas en esta materia y tanto los Estados Miembro como las agencias del Sistema de las Naciones Unidas se comprometieron a emprender nuevas acciones para asegurar y acelarar su pleno y efectivo cumplimiento.

En el año 2013, América Latina y el Caribe refrendó la agenda de El Cairo y avanzó logrando el acuerdo más progresista del mundo en la materia: el Consenso de Montevideo. Una agenda amplia, consistente y centrada en las personas, que contiene medidas prioritarias en nueve ámbitos estratégicos para el desarrollo, además de marcos de acción específicos para su puesta en marcha. Al dar prioridad y visibilidad a todas las personas, colocándolas en el centro de la agenda de desarrollo, este Consenso es además un acelerador clave para cumplir con la Agenda 2030 y asegurar el cumplimiento de los compromisos vinculantes de instrumentos y recomendaciones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos que han suscrito y adoptado los países de la región.¹

En 2014, por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, los acuerdos logrados en los ámbitos intergubernamentales regionales se asumen como parte integral de la Agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) en sus respectivas regiones. En 2015, durante la Segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de la CEPAL (CRPD), los países aprobaron una Guía Operacional para su implementación y seguimiento, así como en la Tercera reunión de la CRPD, se aprobaron un conjunto de indicadores para monitorear su cumplimiento. Más aún, en el marco de la celebración de los 25 años del Programa de Acción de El Cairo y la preparación de la Cumbre de Nairobi, estos compromisos se están profundizando y enriqueciendo en espacios e iniciativas regionales auspiciadas por el UNFPA y otros socios, tales como la de “165 millones de razones: un llamado a la acción para la inversión en adolescentes y jóvenes”, y el “Foro y reunión de alto nivel Acelerando la acción global para el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe”. Además, la Conversación con la Juventud Caribeña, los socios de la sociedad civil y parlamentarios (Puerto España,
Trinidad y Tobago, agosto 27-29 de 2019) y el Campamento Regional ¡Juventudes Ya! (Puebla, México, septiembre 21-23 de 2019) han asumido sus propios compromisos.

El Consenso de Montevideo (CM) es una agenda integral basada en principios sólidos como la democracia, la laicidad, la inclusión, la portabilidad de derechos y la integralidad. Sus medidas enfatizan las necesidades de adolescentes y jóvenes, niñas y niños, afrodescendientes, indígenas, mujeres rurales, personas con discapacidad, migrantes, personas mayores, trabajadoras sexuales y población LGBTIQ+, reconociéndoles derechos plenos, incluidos los derechos sexuales y los derechos reproductivos y fijando elevados estándares en materia de población y desarrollo. En este contexto de sólidos acuerdos y claras aspiraciones, América Latina se suma, desde Puebla con un conjunto amplio de compromisos que ya han empezado a asumir las instituciones, organizaciones, redes y personas, y con el Consenso de Montevideo como brújula, a la conmemoración de los 25 años de la Conferencia de Población y Desarrollo de 1994 y al imperativo global de acelerar las promesas contenidas en la agenda de El Cairo, a fin de no dejar a nadie atrás. El cumplimiento de estos compromisos requiere también un llamado urgente a atender la crisis ambiental y el impacto diferencial que tiene sobre mujeres y jóvenes.

Somos conscientes de que la región -y el mundo- atraviesan un momento de cambio cultural que está marcado, por un lado, por la fuerza de los movimientos de jóvenes, mujeres, feministas y otros actores sociales que vienen disputando sus derechos alcanzados y manifestándose en contra de la penalización del aborto, el acoso sexual, la violencia sexual, el feminicidio, los crímenes de odio, entre otros, y a favor de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, la paridad en la participación política o la transformación de la división sexual del trabajo. Esta fuerza está soportada en los grandes avances que en materia de políticas y marcos normativos ha alcanzado la región en muchos de los temas centrales del Consenso de Montevideo y también de los avances en materia de indicadores y sobretodo en materia de legitimidad. Por otro lado, este momento de cambio cultural está atravesado por una intensa contra-movilización de grupos fundamentalistas, conservadores y anti-derechos que impulsan retrocesos o estancamientos en materia de equidad y derechos, políticas de igualdad, salud y derechos sexuales y reproductivos, educación integral de la sexualidad o aborto, promoviendo mensajes, acciones o incitación al odio, el miedo y la discriminación o la violencia, incluyendo la violencia institucional, la xenofobia, homofobia y transfobia.

El liderazgo de América Latina y el Caribe ha sido y es central para la defensa del Programa de Acción de El Cairo a nivel mundial. Es fundamental que la comunidad internacional vuelva su mirada y priorice el trabajo en esta región a fin de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y demás actores comprometidos con esta agenda para asegurar la total implementación del Consenso de Montevideo.

En este contexto, reunidos en Puebla en preparación de la Cumbre de Nairobi quienes reivindicamos en América Latina y el Caribe desde distintas instancias de nuestra sociedad la plena implementación del Consenso de Montevideo y el Programa de Acción del Cairo así como otros acuerdos centrados en los derechos humanos, como la Plataforma de Acción de Beijing, invitamos a todas las personas, gobiernos, parlamentarios, movimientos sociales (mujeres, feministas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, afrodescendientes, indígenas, rurales, LGBTIQ+, personas mayores, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, mujeres trabajadoras sexuales y personas migrantes), medios de comunicación, sector privado, academia y organismos internacionales, a asumir los siguientes “Compromisos de Puebla”:

1. Enfrentar la desigualdad y fortalecer el estado de derecho y la democracia. Para ello es importante intervenir los determinantes sociales, en sus distintas expresiones, para el pleno logro de la agenda contenida en el Programa de Acción de El Cairo y su expresión regional, el Consenso de Montevideo, en estrecha vinculación con la Agenda 2030. Hoy en día, pese a los muchos avances alcanzados, los rezagos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y asuntos de población, se concentran en ciertos grupos, especialmente en mujeres, niñas y adolescentes, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, personas migrantes, LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, mujeres rurales y campesinas, mujeres trabajadoras sexuales, lo que hace urgente e inaplazable un trabajo enfocado en sus necesidades y derechos, desde un enfoque interseccional. En esta línea, es necesario garantizar el Estado de Derecho y la consolidación de la democracia con espacios de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

2. Garantizar recursos financieros. Continuar en el empeño de que todas las políticas existentes y los marcos normativos garantistas que se han conseguido en la región cuenten con recursos suficientes, incrementales y sostenidos en el financiamiento internacional, la cooperación internacional y los presupuestos nacionales y locales, para avanzar su implementación. Así mismo, explorar nuevas estructuras e instrumentos de financiamiento que estén alineados con dichos marcos garantistas para asegurar la plena y efectiva implementación del Programa de Acción del Cairo.

3. Consolidar los sistemas de información. Trabajar para que los sistemas de información y recolección de datos oficiales, sin más promesas, incorporen, debidamente desglosadas, las variables necesarias para dar seguimiento al cumplimiento de los múltiples acuerdos que hoy constituyen la agenda del Cairo en la región, -incluidos los que emanan del marco internacional de los derechos humanos-, para identificar nuevos desafíos y necesidades; y para que todas las iniciativas de política estén basadas en evidencia, fomentando la inclusión, la participación social y la rendición de cuentas.

4. Luchar contra la impunidad. Responder efectivamente a la impunidad en materia de violencia basada en género, orientación sexual e identidad de género o de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos para que sean eliminadas de nuestras sociedades, incluso en situaciones de emergencias, conflictos o desastres, y para que sean efectivamente condenadas por la justicia y rechazadas por la sociedad; proteger la debida diligencia para garantizar el efectivo acceso a la justicia, así como la protección, sanción y reparación integral del daño, con protocolos de impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad. Esta respuesta incluye la erradicación de los estereotipos y prejuicios que niegan la diversidad sexual y de género en todas las ramas del Estado -incluido el poder judicial-, con el fin de asegurar una justicia libre de estigma y discriminación.

5. Eliminar los marcos normativos restrictivos. Como Región debemos propender para que todas las normas que restringen el acceso a la información y servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) o el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) sean eliminadas. Ningún país de la región debería seguir rezagado con respecto a los compromisos de derechos humanos asumidos en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, o en otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos a los que periódicamente se les da seguimiento a través de diversos mecanismos y órganos de monitoreo, incluyendo las recomendaciones periódicas que desde allí se realizan a los Estados.

6. Proteger la igualdad como un bien de la humanidad. Expresar nuestro férreo compromiso con la igualdad de género como un bien de la humanidad y como líderes de esta agenda que propiciamos un trabajo en alianzas, hacer frente -con argumentos e informaciones fidedignas- a las amenazas y retrocesos impulsados por fundamentalistas, conservadores y anti-derechos en contra de las políticas, las personas y sus derechos.

7. Defender la diversidad y pluralidad de nuestras sociedades. Para ello nos comprometemos con la defensa de una sociedad paritaria, diversa y plural en la que convivan de forma segura todos los tipos de familias, todas las identidades culturales, étnicas, sexuales y de género que nos hacen un continente particular y diverso. Esta defensa presupone, a fin de avanzar la tarea pendiente de la Agenda del Cairo, que se protejan y garanticen todos los derechos para todas las personas y que se fortalezcan los movimientos y organizaciones de la sociedad civil que han defendido y promovido su implementación, para que puedan trabajar libremente en un ambiente seguro, garantizando los espacios de participación y el cese de criminalización de diversas luchas sociales, incluyendo la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

8. Defender la laicidad de los Estados. Asumimos también la defensa de la laicidad del Estado, como principio democrático, y como condición esencial para la protección y el respeto de las libertades individuales y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, libres de estereotipos -incluyendo los asociados a los géneros-, libres de condicionantes religiosos y libres de toda forma de discriminación y odio.

9. Respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Para todas las personas sin discriminación por sus orientaciones sexuales, identidades de género o características sexuales.

10. Garantizar la inclusión de todas las personas en los datos estadísticos. En ese sentido, se plantea la necesidad de: producir información, al mayor nivel de detalle posible en cada país y generar capacidades para abordar las dinámicas de población y desarrollo; contar a cada persona como parte del principio de no dejar a nadie atrás, eliminando su invisibilidad; facilitar la participación de las poblaciones mediante consultas para contar con información estadística confiable, oportuna y de calidad, con perspectiva de género y desagregada territorialmente y por sexo, edad, pertenencia étnica y condición socioeconómica, para la toma de decisiones, la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas de desarrollo; e incorporar las dinámicas demográficas para el entendimiento de los diferentes contextos, regiones y países, como base para comprender las interrelaciones con las dimensiones sociales, culturales, económicas y ambientales del desarrollo.

11. Abordar de manera integral la migración. Promover las condiciones para una migración segura, regular y ordenada, que reconozca los diferentes contextos que definen las situaciones particulares de cada persona migrante. Asegurar la plena integración de la población migrante, independientemente de su estatus y situación migratoria, así como la de quienes solicitan asilo o refugio, para el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos en igualdad de condiciones respecto de quienes habitan los territorios a los que llegan; y que los Estados de la región asuman la plena protección de los derechos de sus connacionales residentes en el exterior. Fortalecer los lazos y puentes de solidaridad, protección y atención integral y diferenciada a las personas migrantes en tránsito, que asegure su derecho a la libre circulación y movilidad por los países de la región y promover el diseño e implementación de políticas orientadas a la reintegración de la población migrante de retorno en sus países y lugares de origen. Finalmente, garantizar la protección humanitaria de las poblaciones migrantes y desplazadas, con especial énfasis en la niñez migrante no acompañada.

12. Invertir en adolescentes y jóvenes. Priorizar la inversión en personas adolescentes y jóvenes en un marco pleno de derechos humanos, donde se les garantice la protección social, el acceso a la educación formal y no formal (pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad), a la salud integral (incluyendo salud sexual y reproductiva), al trabajo y empleo en condiciones dignas, y a la participación juvenil protagónica en todo el proceso de las políticas públicas. Todo esto debe darse en un entorno libre de violencias y sin criminalización o estigmatización a las juventudes, tomando en cuenta las necesidades específicas de quienes viven en zonas urbanas, periféricas o rurales. En esta misma línea, es responsabilidad de los estados construir contextos habilitantes para generar oportunidades y espacios de empoderamiento y participación para que las juventudes desarrollen plenamente su potencial.

13. Fortalecer el desarrollo de políticas públicas integrales de desarrollo y medio ambiente. Estas políticas deben atender la relación entre dinámicas demográficas y sostenibilidad ambiental como un aspecto clave del desarrollo sostenible, así como la implementación de estrategias para prevenir y mitigar tanto el efecto adverso de las actividades humanas sobre el medio ambiente, como los efectos del cambio climático, de los desastres y de las modificaciones del medio ambiente sobre las poblaciones humanas.

14. Promover la transversalización de la perspectiva de género y la no discriminación en todas las estructuras del Estado. Esta transversalización debe orientarse a alcanzar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en toda su diversidad. Ello incluye el respeto y protección de su integridad personal, garantizando la no discriminación ni coerción, y ofreciendo información basada en evidencia científica para la toma de decisiones sobre la reproducción y la sexualidad. Ello también incluye la promoción de una cultura de género, no discriminación y no violencia en los medios de comunicación y en el sistema educativo a todos los niveles.

15. Eliminar todas las formas de violencia basada en género. Especial atención merece la violencia la ejercida contra las mujeres en toda su diversidad y durante todo su ciclo de vida-, incluida la violencia sexual, los crímenes de odio, la violencia contra la población trans, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, el acoso cibernético, la violencia obstétrica, las “terapias de reconversión” de orientación sexual, y la violencia vinculada al crimen organizado. Para ello, se espera la implementación de estrategias efectivas de prevención, protección, atención, sanción y reparación.

16. Poner fin a las prácticas nocivas. Abordar de manera integral la problemática de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas con leyes y políticas centradas en el fortalecimiento de la autonomía y el cambio cultural de normas sociales de género que perpetúan la discriminación y la invisibilidad de las niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Estas prácticas nocivas incluyen la eliminación de la mutilación genital femenina y de las intervenciones arbitrarias en niños y niñas intersex.

17. Erradicar el embarazo infantil. Esto supone la existencia de políticas y acciones intersectoriales integrales de prevención, atención, asistencia y reparación integral mediante el reconocimiento del embarazo infantil forzado, como una forma de tortura.

18. Impulsar la reconfiguración de la división sexual del trabajo. Incrementar el compromiso y la consolidación de pactos entre el Estado, el mercado y las familias para reducir el tiempo de trabajo total de las mujeres, mejorar su acceso al empleo de calidad, aumentar su tiempo libre, disponer de espacios de cuidado en los lugares de trabajo y repartir las cargas del trabajo no remunerado en el hogar. Ello comprende, además, la creación e implementación por los Estados de sistemas de cuidado, apoyo y protección social, así como el logro del balance para la conciliación de la vida laboral y familiar, modificando la división sexual del trabajo dentro del hogar y la excesiva carga laboral de las mujeres, así como de responsabilidades familiares compartidas. Particular énfasis se debe poner sobre los derechos plenos de los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas mayores, propendiendo por su bienestar y el fortalecimiento de su autonomía.

19. Respeto y garantía de la autodeterminación reproductiva. Se espera que todas las personas en la región puedan ejercer la autodeterminación sexual y reproductiva basadas en la información veraz y oportuna, la libre voluntad y la propia conciencia.

20. Garantizar acceso y cobertura universal a servicios integrales de SSR. Se ofertarán servicios integrales de calidad basados en la mejor evidencia científica disponible, incluido el aborto seguro e información accesible. Estos servicios integrales suponen el desarrollo de capacidades institucionales incluyendo el fortalecimiento del papel de los distintos proveedores de la salud y no sólo de los del área médica, con perspectiva y pertinencia intercultural, y con enfoque interseccional.^2,3

21. Reducción de brechas de acceso, cobertura y calidad de la atención. Brindar una atención integral a todas las personas sin discriminación, con énfasis especial en quienes concentran las mayores desventajas y los peores indicadores: mujeres indígenas, afrodescendientes o rurales, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, niñas, adolescentes y jóvenes, poblaciones rurales, migrantes, y población LGBTIQ+.

22. Asegurar la efectiva implementación de programas de Educación Integral en Sexualidad (EIS). Estos programas deben promover una EIS, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita, accesible y de calidad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva de la niña y el niño y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos en los espacios de educación formal y no formal.

23. Llevar a cero las muertes maternas evitables y la demanda insatisfecha de anticoncepción. Con énfasis en la reducción de las desigualdades, llevar a cero las muertes maternas y perinatales evitables y la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos de todas las personas, garantizando la disponibilidad de una amplia gama de métodos en los servicios de primer nivel de atención, asegurando la elección libre e informada; así mismo eliminar la transmisión vertical del VIH, la violencia obstétrica de todas las prácticas relativas a la sexualidad y la reproducción y la sobre medicalización del parto.

24. Asegurar el acceso a servicios de aborto oportunos, seguros y de calidad. En los casos en que el aborto es legal o este despenalizado, asegurar el acceso a servicios, prevenir y evitar el aborto inseguro, e impulsar la modificación de los códigos penales a fin de eliminar la figura de aborto punible; así como crear normativas, políticas públicas y presupuesto público suficiente para asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

25. Erradicar los embarazos no intencionales en adolescentes y el embarazo forzado en niñas y adolescentes. Poner en práctica intervenciones basadas en evidencia y orientadas a eliminar las barreras legales para el acceso a los servicios de esta población, fortaleciendo los servicios integrales de SSR, la EIS, la consejería y provisión de métodos anticonceptivos modernos, así como el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente y prevenir y evitar el aborto inseguro; promover el abordaje integral e intersectorial del abuso sexual, la inclusión educativa y la protección social.

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¹ Áreas del Consenso: A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, E. Igualdad de género, F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad, H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial. El Consenso además ofrece medidas relativas a los marcos para la puesta en marca de la futura agenda regional en población y desarrollo (capítulo J).

² Adherirse a la definición de SSR de la Comisión LANCET- Guttmacher: https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet- commission.

³ Este compromiso se enmarca en la conceptualización de Acceso y Cobertura Universal de OPS/OMS.