Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur
Más de 200 mujeres productoras de Cusco, Perú, se reunieron para demandar la protección de sus derechos y la implementación de políticas públicas que aborden el cambio climático con enfoque de género.
Cientos de productoras rurales de la provincia de Quispicanchi participaron del foro público “Mujeres rurales y cambio climático: aportando al desarrollo sostenible con equidad”, organizado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
La actividad se inició con las palabras de bienvenida de la directora de Flora Tristán, Liz Meléndez, quien llamó a reflexionar sobre el gran aporte de las mujeres en la adaptación y mitigación del cambio climático, además del impacto diferenciado que tiene este tema ambiental en sus vidas y su autonomía.
En el evento se expusieron las diversas barreras que las mujeres deben derribar a diario, como el acceso a la tierra, agua y semillas; el reconocimiento de su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria; el logro de su autonomía económica; la valoración de su trabajo productivo y de cuidados; y la garantía de sus derechos a la salud, la educación y a una vida libre de violencia de género.
La presidenta de la Asociación Provincial de Productoras Ecológicas de Quispicanchi (APPEQ) puso la agenda de las mujeres rurales en manos de la titular del Ministerio de Ambiente, Fabiola Muñoz, y del presidente regional Jean Paul Benavente, también presente en el foro. Durante el evento se presentó la marca Pacharuru, que identifica la producción de la APPEQ.
Entre las demandas están el asegurar la titularidad de las tierras a las mujeres; diversificar la pequeña agricultura con enfoque de género; e incorporar en las políticas públicas sus experiencias en la producción agrícola, reconociendo y protegiendo su conocimiento, que mantiene y enriquece la biodiversidad.
Además de erradicar el analfabetismo y garantizar la permanencia de sus hijas en las instituciones educativas, demandan la prevención del embarazo y de la maternidad forzada de las niñas y adolescentes y exigen que se informe sobre las normas para el aborto terapéutico (que se practica para evitar daños irreparables en la salud). También es necesario asegurar que los servicios de prevención, atención y erradicación de la violencia a las mujeres e integrantes del grupo familiar lleguen a las comunidades.
Flora Tristán ha contribuido en la gestión sostenible de los recursos productivos de las mujeres de los distritos de Andahuaylillas, Cusipata, Huaro, Oropesa, Quiquijana y Urcos (Quispicanchi) ante la realidad del cambio climático, así como ha promovido la seguridad alimentaria y la canalización de sus propuestas en sus municipios.
Actualmente las mujeres rurales cuentan con 80 biohuertos, sistemas de riego tecnificado y producción de 17 variedades de hortalizas libres de químicos. Están vendiendo los excedentes para asegurar su autonomía económica e incrementar su capacidad de decisión en los ámbitos privados y públicos.
Enfoque de género en el cambio climático
Perú es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático, fenómeno global que se acelera por la falta de compromiso de los Estados. El actual proceso de degradación ambiental que está destruyendo los diversos ecosistemas en el país tiene un grave impacto en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, siendo las mujeres las más perjudicadas.
Son las mujeres de las zonas alto andinas, dedicadas a la pequeña agricultura, las que enfrentan más vulnerabilidades. Se entrelazan las situaciones de ser dependientes de una actividad económica en riesgo, la pobreza y las desigualdades de género, además del escaso reconocimiento a su rol en el campo, y la presencia de violencia machista en los espacios familiares y comunales.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ias mujeres rurales representan el 21,2% (cuatro millones) de la población femenina peruana. Este sector ha sido olvidado por las políticas estatales a lo largo de toda la historia, pero los efectos del cambio climático obligan al Estado a cumplir con urgencia la recomendación general N°34 (2016) del Comité CEDAW y la Declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para erradicar las brechas de desigualdad social y, en específico, la de género.
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