Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur.
La justicia ordenó el desalojo del edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140 (Ciudad de Buenos Aires), pero las familias lograron su suspensión. Mientras, el gobierno de la ciudad no les da soluciones.
La que ahora se conoce como la “Casa Santa Cruz 140” es un edificio ubicado en el barrio Parque Patricios de la Ciudad de Buenos Aires, antiguamente una fábrica textil que quebró durante los años ’90. Desde 2002 es ocupado por familias que perdieron sus viviendas en el marco de la crisis económica que se sufría en todo el país. Primero fueron 50, luego 80: hoy son más de 120 familias. En 2010 el edificio fue subastado y comprado, por un monto irrisorio, por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, que inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo.
El camino recorrido por las personas que viven en Santa Cruz 140 no ha sido fácil. Las 120 familias que llevan viviendo allí más de 10 años han solicitado subsidios y créditos y realizado innumerables trámites para legalizar su situación, sin obtener una sola respuesta. Desde hace ya algunos años los y las vecinas emprendieron mejoras dentro del edificio y comenzaron a organizarse en la toma de decisiones mediante elección de delegados/as por piso y asambleas mensuales. Decididas a hacerse cargo del inmueble, en 2014 las familias conformaron la Cooperativa Papa Francisco, para poder obtener un crédito blando y comprar el edificio en el marco de la Ley 341 que habilita al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a otorgar créditos para la compra de viviendas sociales por medio del Programa de Autogestión de la Vivienda.
En junio de este año, el IVC les informó que, pese a reconocer que están inscriptas en el Programa de Autogestión de la Vivienda, el Instituto no cuenta con presupuesto para brindarles una solución, aduciendo además que hay 350 cooperativas más en lista de espera. La presidenta de la cooperativa, Iliana Llanos, ha indicado en distintos medios que las autoridades del IVC no quieren recibirles, y que ya ni les devuelven las llamadas telefónicas. “Trabajamos todos estos años para lograr una solución definitiva y al final todo termina en la nada. Con voluntad política, esto se soluciona en dos segundos”, analiza. El gobierno de la ciudad se desentendió de la situación y el juzgado civil Nº 60, a cargo del Dr. Fernando Jorge Virginio Cesari, rechazó pedidos de amparo realizados por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y ordenó el desalojo forzoso de las viviendas.
El 16 de septiembre, las familias y otras organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa en la que reclamaron una respuesta por parte del gobierno de la ciudad, exigiendo “la suspensión del desalojo hasta tanto se garantice plenamente una solución habitacional definitiva y colectiva para todas las familias”, entendiendo que de lo contrario se configuraría “una grave violación a los derechos humanos”. El martes 17 por la noche se realizó una vigilia con olla popular, micrófono abierto y acampe afuera del edificio para enfrentar el desalojo programado para el día siguiente. Finalmente, el miércoles 18 tuvo lugar una reunión para discutir la situación y, gracias a la negociación llevada a cabo por representantes de la cooperativa junto a otros actores ante el oficial de justicia Marcelo Conde, se logró la suspensión del desalojo y el retorno de la causa al juzgado de oficio. El acta realizada allí plantea la imposibilidad de llevar a cabo la expulsión que hubiera dejado a más de 100 familias en la calle (más de 350 personas, entre las que hay 131 niños, niñas y adolescentes). La Doctora Rosa Herrera, abogada de la cooperativa, expresó: “Vamos a pedir un plazo de 18 meses a los fines de que el Gobierno se disponga a discutir una solución habitacional definitiva para la casa del edificio Santa Cruz, que se organizó y tiene la convicción de que es titular de derechos”.
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