Fonte: Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur
La encuesta, que fue lanzada en el plenario “Experiencias feministas como aporte a las políticas públicas de hábitat. Las tareas de cuidados como territorios afectivos, materiales y simbólicos”, es impulsada por la Federación Nacional de Inquilin@s y la Comisión de Hábitat y Género de HABITAR Argentina.
En el contexto de crisis económica que atraviesa Argentina, los costos de los alquileres resultan cada vez más difíciles de afrontar. En el caso de las mujeres y disidencias, el escenario es más adverso aún. Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo, en 2018 la tasa de actividad femenina laboral fue un 31% inferior que la masculina, dos de cada tres mujeres se ocupaban en puestos de baja calificación, la tasa de empleo no registrado fue mayor en las mujeres que en los hombres (trepando al 75% en el caso del trabajo en casas particulares), y más de la mitad de las mujeres se ocupaba en puestos a tiempo parcial. Las mujeres percibimos salarios más bajos y no podemos acceder a garantías ante la imposibilidad de justificar solvencia económica mediante recibos de sueldo, teniendo que depender entonces de la firma de terceros para certificar el monto mínimo de ingresos requeridos.
“Si tenés que empezar a alquilar tenés que pagar tres meses juntos, y en ese punto no sabés si pagarlos o dar de comer a tus hijos”, detalló Verónica Caliva, presidenta de la Fundación Entre Mujeres (FEM). La emergencia habitacional no solo afecta más a las mujeres, sino que, además, “no hay políticas de inclusión para las mujeres que están solas con sus hijos”, dijo.
En el caso de las identidades disidentes, alquilar significa tener que enfrentar situaciones de discriminación. Pía Ceballos, referente de Mujeres Trans Argentina, indicó recientemente que “desde hace tiempo se nota discriminación hacia las compañeras que se acercan a las inmobiliarias para alquilar. Les exigen más papeles para presentar y les solicitan más garantes de lo normal”.
La situación se complejiza si las mujeres y disidencias sufren violencia de género. La falta de soluciones efectivas por parte del Estado y las trabas del mercado inmobiliario las expulsan, empujandolas a alternativas habitacionales como refugios y hogares que no alcanzan, obligándolas en algunos casos a volver a convivir con el agresor. Frente a esto, se está trabajando junto a legisladores en otros proyectos, tales como la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género”, que les permita afrontar los primeros 6 meses del pago de alquiler de un contrato de locación en la Ciudad de Buenos Aires, y la elaboración de un registro de corredores inmobiliarios que promuevan valores de igualdad y contribuyan a la erradicación y prevención de la violencia de género.
De manera online y anónima y mediante 10 preguntas, la Encuesta Nacional sobre Alquileres y Género indaga sobre los diferentes impedimentos que debemos enfrentar a la hora de alquilar. Responderla permite empezar a desnaturalizar las violencias y abusos sufridos en esas situaciones, entendiendo que los padecemos por la simple condición de no ser hombres. Los datos resultantes permitirán impulsar políticas públicas tendientes a la erradicación de esas violencias, y generar un diálogo entre las distintas agrupaciones de inquilinos e inquilinas que existen en el país y los legisladores/as y decisores políticos.
La Encuesta Nacional sobre Alquileres y Géneros puede completarse aquí.
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