Azul Montoro fue asesinada por Fabián Casiva en octubre de 2017. Luego de una investigación de un año a cargo del fiscal Guillermo González, este 31 de julio comenzará el juicio, donde se califica por primera vez como femicidio este crimen de odio contra una persona trans.
Casiva encontró a Azul en el centro de Córdoba, donde se desempeñaba como trabajadora sexual y juntos fueron al departamento de una amiga de ella. La investigación señala que una vez en el lugar Casiva la apuñaló 17 veces y luego la golpeó en la cabeza. Fue una amiga de Azul, Maina, quien la encontró esa madrugada asesinada a los pies de la cama.
En el expediente consta que Casiva tiene antecedentes penales por violencia de género -por lesiones y amenazas contra su hermana, su mamá y su cuñada embarazada- pero ha sido declarado inimputable al entenderse que no comprendía la criminalidad de sus hechos. Esta condición de inimputabilidad será clave durante el juicio. No obstante, el fiscal ha podido determinar que Casiva sí entendía sus acciones y, de hecho, tanto la madre como sus hermanas declararon que el acusado les dijo que se iba a “hacer pasar por loco”.
“El principal desafío va a ser la imputabilidad de Casiva. Vamos a demostrarle al jurado que él sí comprendía lo que estaba haciendo y que sí se puede defender durante el juicio. Las expectativas son muchas porque se trata de una calificación novedosa. Azul logró cambiar su identidad y eso le da el sustento legal para que se considere femicidio. Además, los antecedentes del acusado, por malos tratos hacia su madre y su hermana, terminaron por definir la acusación”, aseguró el abogado que representa a los padres de Azul como parte querellante, Tomás Aramayo.
Es por esto que la imputación es la de homicidio calificado por mediar violencia de género. “Azul era trans y se consideraba mujer. El agresor la atacó y la terminó matando por su condición de mujer”, expresó el fiscal.
En un primer momento, Casiva fue imputado solamente por homicidio simple. Al avanzar la investigación, y gracias al trabajo de los peritos de parte -el psiquiatra Raúl Quiroga y la psicóloga Fabiana Boerr- el fiscal modificó la imputación a “homicidio agravado por violencia de género”: un femicidio.
El caso será juzgado por la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba, con jurados populares, y la pena máxima que prevé es prisión perpetua. La causa puede sentar jurisprudencia, tanto en la provincia de Córdoba como a nivel nacional, para que puedan juzgarse como femicidios los asesinatos de mujeres trans.
“Las personas trans tenemos la familia de sangre y la familia de vida, con la que te conocés en la calle. Esto ha sido muy duro para su familia y para todas nosotras”, expresó una de sus amigas, y agregó: “La mayoría de los casos de compañeras trans asesinadas quedan en la nada. En el caso de Azul, nada hubiera sido posible si la familia y sus amigas no hubiéramos insistido y buscado buenos peritos. Ahora parece haber una buena predisposición de la Justicia y eso es esperanzador para nosotras”.
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