La Ley 5407 del Trabajo Doméstico fue promulgada en 2015, luego de una larga lucha de las trabajadoras domésticas organizadas. Dicha Ley establece todos los derechos laborales y prestaciones sociales para el sector, pero su Artículo 10 determinó una clara discriminación en lo que respecta al salario: se instauró sólo el 60% del salario mínimo nacional para el trabajo doméstico.
El debate que se viene dando en el país, tanto entre parlamentarios/as como en la población y en los medios de comunicación, parte de la idea de que el servicio doméstico es un “derecho” para las familias de clase media y alta, de manera que estas puedan salir a trabajar y generar “desarrollo” para el país. Pocas son las personas que pueden interpretar la situación de tener una persona trabajando más de 10 horas, en general en negro y sin derechos básicos, como una forma de explotación.
El valor del espacio doméstico
El trabajo doméstico (remunerado y no remunerado) es uno de los grandes temas de la economía feminista, que denuncia su invisibilización y menoscabo. Es lo que sostiene la cultura patriarcal y el modelo capitalista de convivencia, donde la explotación y la discriminación están naturalizadas.
Muchas personas consideran al servicio doméstico como un trabajo degradante, que se hace solamente porque no se tienen otras oportunidades. Desde ese razonamiento se argumenta que, al no tener “educación”, las empleadas domésticas no merecen ganar un sueldo justo. Comprenden al salario mínimo no como un piso -un derecho básico-, sino como un techo para el que hay que sumar méritos.
El trabajo doméstico es un trabajo necesario, importante y digno. “Cuidar” no debería ser un castigo para quienes no estudian una carrera profesional. Cuidar también es un saber de mucho valor. Para cuidar se requieren conocimientos que se aprenden cuidando y siendo cuidadas. Cuidar la alimentación, la crianza, la vejez, el habitar del espacio… En síntesis, sostener la vida, es un don que aprendemos con quienes a su vez nos cuidaron. No hay título académico que pueda acreditar estas capacidades y conocimientos. Las familias y las comunidades son las que nos enseñan a cuidar, pero también el Estado debería tener un rol activo en esto, a través de políticas públicas. Privatizar el cuidado es injusto. La corresponsabilidad en las tareas de cuidado cotidianas entre más personas hace que sean menos desgastantes, tanto para quienes prestan el servicio remunerado, como para quienes lo hacen como contribución a la economía familiar.
El Estado debe garantizar políticas de cuidado e inclusión social, en especial en lo que hace a la atención de niños/as, ancianos/as y otras personas dependientes. Al no tener alternativas de guarderías y centros de cuidado integral, generalmente son las mujeres las que tienen que resolver las tareas domésticas y de cuidado, recurriendo a otras mujeres más frágiles en la cadena de descuido que este sistema social reproduce.
¿Cómo razonan los políticos (en su mayoría varones)?
Representantes de los partidos políticos más conservadores señalan que la dignificación a las trabajadoras domésticas, a través de la modificación de la Ley, producirá mayor desocupación. Incluso utilizan datos del Instituto de Previsión Social que, supuestamente, demuestran que con menos derechos se tiene mayor formalidad.
En el Senado, la decisión del 100% del salario mínimo para el trabajo doméstico se tomó por unanimidad, argumentando la insostenibilidad de la desigualdad en la ley y la discriminación a un sector de la clase trabajadora. En la Cámara de Diputados el debate estuvo más candente y fue altamente misógino. La propuesta original de esta Cámara era el aumento gradual, empezando por el 70% hasta llegar -en años- al 100% del salario. Señalaron que la propuesta del Senado era “populista”, inviable y que respondía a un “chantaje emocional” de las trabajadoras domésticas organizadas. Al momento de la votación el asunto estuvo bastante reñido: 33 votos fueron por el 100%, mientras que 31 votos defendieron la versión del 70% con aumento gradual.
Conversaciones necesarias
El trabajo doméstico es uno de los tres sectores que más mujeres emplea en el Paraguay. Si las domésticas no se hubiesen organizado -en tres sindicatos-, el tema no estaría en la agenda como está hoy. No se trata solamente de la ley y los debates parlamentarios: en todas las casas se está hablando del tema. Las más jóvenes discuten con sus madres/padres y abuelas/os, las propias trabajadoras entienden los abusos y ya no se quedan calladas, los medios dan lugar a voces e historias por siglos invisibilizadas. Todavía no se puede cantar una victoria, pero se están transformando las miradas y las percepciones. Pasito a pasito, sin desfallecer, 30 años de lucha están dando frutos.
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