Agressores sexuais: o punitivismo e a impunidade

Aurelia Ambrosio lanza una interrogante que la atormenta: “¿Cuánto habrán hecho sufrir a mi nieta?”. La posibilidad de los detalles es perturbadora. La niña M.J.A. de 11 años fue violada, luego asesinada y su cuerpo se encontró calcinado en las calles del distrito de San Juan de Lurigancho, el más grande y poblado del país. El responsable, César Alva Mendoza, ya tenía dos denuncias por violación, y ningún pedido de prisión preventiva.

“Estamos pidiendo pena de muerte para ese asesino porque a mi nieta la han matado, porque nos duele a toda la familia. Tengo a mi nuera, a mi hijo y a todos destrozados. Aunque lloremos, gritemos, aunque rasguemos la tierra, a mi nieta ya no la vamos a encontrar. Ahora esta marcha la estamos haciendo para los demás niños que están, mis futuros nietos, nietas, para todo el mundo”, dice Aurelia mientras sostiene una banderola durante la concentración de la marcha que exige justicia para la menor y penas más severas contra la violencia sexual.

Como la nieta de Aurelia, cada día en Perú 16 niñas y adolescentes son víctimas de violación sexual según los reportes del último año del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De 25 mil denuncias por violación, el 76% se trata de menores de edad. Algunas son asesinadas y otras viven para testificar la violencia sexual incluso con sus cuerpos, como la menor de nueve años natural de Puno, región del sur peruano, embarazada a causa del abuso sexual de su padre. Dio a luz en el Hospital de Tacna.

Esto fue pocas semanas antes de la desaparición de la pequeña de M.J.A. El jueves 8 de febrero, su familia, de apellido Avellaneda, convocó a más de 8 mil personas que asistieron a la marcha según informó la Defensoría del Pueblo. La Plaza San Martín, en el centro de la capital, se llenó de carteles y consignas que cuestionaban la subvención del Estado peruano a los sentenciados por violación. Las consignas de ciudadanos que llegaron desde Lima Norte, Este y Sur demandaban luchar contra la corrupción y penas efectivas para los agresores sexuales.

“Ya no queremos más monstruos, no queremos violadores. Queremos verlo muerto, a ellos. Como han hecho con mi nieta que las violan, que las matan, que la cortan pedazo por pedazo, que le echan agua caliente, que las queman, eso queremos para ellos también, condena de muerte”, dice Aurelia, flanqueada por un grupo de mujeres que llevan el cabello sujeto en dos trenzas, las mismas que llevaba su nieta en las últimas imágenes donde aparece con vida, como forma de recordarla.

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Quién se atrevería a responderle a la familia Avellaneda que lo que demandan es inviable porque Perú es miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, mecanismo internacional que prohíbe la extensión de la pena de muerte. O que implementar este tipo de penas ha sido inútil para evitar que los delitos disminuyan, según la experiencia de otros países donde los crímenes se pagan con la muerte. Cómo decirle a Aurelia que, lastimosamente, en la mayoría de los casos los violadores no eran monstruos, sino los hermanos, los profesores o los propios padres de las víctimas, como ha reportado el Ministerio Público según un estudio realizado de 2013 a 2017, donde el 78% de víctimas de violación conocía a su agresor.

Si hubiera pena de muerte, solo en el último año el país hubiera tenido que matar a 27 mil hombres, o más. La cifra es el número de denuncias por abuso sexual que reportó el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Como explica la investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Angélica Motta, la cifra real de violaciones es aún más alta porque solo se denuncia el 5% de las violaciones:“Los violadores no son necesariamente monstruos separados completamente de la vida social cotidiana”.

Motta, experta en temas de género y sexualidad, alerta que, si matan a unos, serán otros los que sigan atacando sexualmente, sino hay un cambio radical desde la educación en el relacionamiento entre mujeres y hombres: “Matas a uno ¿y qué te garantiza que no haya mil otros agresores?”.

Para María de las Mercedes Raguz, decana de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la pena de muerte no solo es ineficaz, sino que sobre todo colocaría en mayor riesgo a las mujeres. “Si los agresores ya saben que los matarán si descubren el crimen, entonces lo que vamos a tener son más asesinatos de mujeres”, razona.

Hay una gran cantidad de niños en la concentración. Pronto se hace imposible poder caminar entre la multitud. Mónica Prieto, también de San Juan de Lurigancho, está convencida de que los violadores son casos perdidos para la sociedad, aunque reconoce no estar segura de que la pena de muerte evite más violaciones: “Las personas que ya cometieron un crimen no sé para qué (las mantienen), es una inversión del Estado en ellos en vano, esas personas no se reinsertan en la sociedad. Por ejemplo, ese (el asesino de la niña de 11 años) era un violador, ya tenía denuncias. Hay violadores que salen de la cárcel y vuelven a violar. Estos son casos que te esculpen el corazón y te lo hacen poner duro”.

“No, yo estoy aquí para apoyar a la familia por lo que le ha pasado a Jimenita, pero no estoy a favor de la pena de muerte. La vida solo la puede quitar dios, nadie más”, comenta una mujer que ha llegado desde el Callao a la movilización. Perú, el segundo con la tasa más alta de violaciones en América Latina, sería no solo un país de violadores, sino también uno de impunidad. Hace unos años el entonces presidente del Poder Judicial, César San Martín, reconoció que el 90% de las denuncias por violación no obtenían sentencias condenatorias. De 2015 a 2017, solo el 2% de las sentencias por delitos contra libertad sexual lograron la máxima pena, 12 a 18 años de prisión. Aun así, el segundo grupo más numeroso de la población penitenciaria (10%) son los agresores sexuales de menores de edad, según el Instituto Nacional Penitenciario.

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En octubre del año pasado, una empadronadora que hacía trabajo voluntario para el Censo Nacional, fue violada en el distrito de Villa El Salvador. Tras difundirse el caso y el intento del Instituto Nacional de Estadística e Informática de ocultar el crimen, la indignación ciudadana se volcó a las redes sociales y se tradujo en el hashtag #PerúPaísDeVioladores.

Nadie marchó aquella vez por la mujer de 37 años que sobrevivió a la violación. Al contrario, un sector de congresistas y políticos se pronunciaron solo para criticar la frase. Según, ellos, decir que Perú era un país de violadores afectaba la reputación a nivel internacional.

Un mes antes del asesinato de M.J.A., la entonces fuerza parlamentaria con mayoría en el Congreso, Fuerza Popular, presentó su segundo proyecto de ley sobre la pena de muerte para agresores sexuales de niños. Sin embargo, durante el debate, en una de las comisiones para eliminar los beneficios penitenciarios para los violadores, 16 legisladores del partido fujimorista de Fuerza Popular se opusieron.

Tras el asesinato de M.J.A., el presidente de la Comisión de Justicia convocó a una sesión extraordinaria del grupo de trabajo para debatir proyectos de ley contra la violencia sexual. Dicha sesión tuvo que suspenderse por la ausencia de los congresistas, en su mayoría de Fuerza Popular.

Solo 12 días después de la marcha convocada para pedir justicia y la pena de muerte para los agresores sexuales, una adolescente de 15 años fue encontrada desnuda y muerta en su casa de Jicamarca. Según los primeros reportes, murió por estrangulamiento. Antes de morir también fue violada. Su asesino sigue prófugo.