Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur
El Congreso de la República del Perú aprobó la Ley de Empoderamiento de las Mujeres Rurales e Indígenas en el Pleno Mujer por el 8 de Marzo. Se trata de un gran avance que obligará al Estado a trabajar en la reducción de las brechas de desigualdad de las mujeres indígenas.
Con la aprobación de la Ley de Empoderamiento de las Mujeres Rurales e Indígenas, los ministerios de Desarrollo Agrario y Producción y de Desarrollo e Inclusión Social tendrán la obligación de informar anualmente al Congreso de la República de los avances en políticas públicas y normativas en favor de las mujeres rurales. Esta población es la que se encuentra en mayor vulnerabilidad por la desatención e invisibilidad del Estado, a pesar de sus contribuciones en la seguridad y soberanía alimentaria, especialmente en el contexto de la pandemia por Covid-19.
“Este ejercicio de control político por parte del Poder Legislativo significa un cambio importante para poder hacer seguimiento a las medidas, programas y planes en políticas públicas orientadas a promover el desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas de la costa, sierra y selva del país”, sostuvo Elena Villanueva, socióloga del Programa de Desarrollo Rural del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Esta institución feminista, con más de cuatro décadas en favor de los derechos de las mujeres, promovió en octubre de 2020 el proyecto de ley N° 6453/ 2020 –CR, de autoría de la congresista Carmen Omonte, presentado a través de la bancada de Alianza para el Progreso. La iniciativa planteaba declarar en emergencia la situación de las mujeres rurales para dar visibilidad a las discriminaciones y desventajas que enfrentan en nuestra sociedad, y la acción conjunta de diversos ministerios para corregir las brechas de desigualdad.
La propuesta, presentada el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, proponía también que el ente rector de las políticas agrarias, el MIDAGRI, informe anualmente al Congreso sobre las acciones adoptadas por el gobierno en el marco de sus obligaciones y competencias, así como los otros ministerios mencionados.
El proyecto fue considerado favorablemente por la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, al igual que otra propuesta legislativa promovida por gremios agrarios. Así se dio lugar a un dictamen con un texto sustitutorio, que se aprobó por unanimidad el 8 de marzo de 2021 durante el Pleno Mujer desarrollado en el Congreso.
“Ahora contamos con esta ley, que se orienta a promover el empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas de nuestro país, y es una oportunidad para priorizar en la agenda pública los problemas y barreras que enfrentan para decidir sobre sus vidas, para acceder a la tierra y al agua en forma equitativa, para impulsar sus emprendimientos económicos, para participar en forma activa en las organizaciones políticas, sociales y productivas”, remarcó Villanueva.
Las mayores tasas de analfabetismo, deserción escolar, embarazo temprano, trabajo no remunerado, carencia de sistemas de protección social, entre otras condiciones que limitan sus capacidades y oportunidades, se encuentran entre las mujeres rurales e indígenas del país, sin que hasta el momento se pongan en marcha políticas con el debido presupuesto para saldar estas deudas históricas del Estado peruano para con ellas.
Villanueva explicó que su difícil situación socio económica, agravada por las discriminaciones de género, se complica aún más por los impactos del cambio climático en tanto dependen de los bienes de la naturaleza para sostener sus vidas, y en este último año por la pandemia del Covid-19. “Sus jornadas de trabajo, ya extenuantes, se han sobrecargado con el incremento de las tareas de cuidado de las que son responsables en sus hogares y comunidades. Hay una afectación multidimensional, y una de las más preocupantes es en su salud física y mental”, alertó la especialista.
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