La representación política y sus mecanismos están afectados de manera radical por la pandemia: algunos parlamentos de la región sesionan de forma virtual, los compromisos electorales del primer cuatrimestre de 2020 están postergados, las actuaciones de autoridades son puestas en entredicho e incluso hay destituciones por causas vinculadas a la pandemia. ¿Existe, ante todo esto, alguna oportunidad para las mujeres? El análisis de la esfera política partidaria en el contexto de crisis sanitaria es ineludible para los feminismos.
Por Fátima E. Rodríguez / Lilian Soto| Revista BRAVAS n.12
La expansión del covid-19 modificó el accionar y los tiempos de la representación política en la región, evidenció ante la opinión pública situaciones de abuso de poder y corrupción desde el ámbito político partidario y modificó los calendarios electorales. A partir de un cambio drástico, la mayoría de los parlamentos de los 19 países de América Latina y el Caribe (ALCH) de habla hispana sesionan hoy de forma virtual y con transmisión pública. Por otra parte, en muchos países, hay duros cuestionamientos al modo en que las autoridades enfrentan la pandemia y aparecieron denuncias de corrupción asociadas al uso de los recursos extraordinarios que disponen los gobiernos. Además, un total de diez países de la región postergaron procesos electorales que estaban fijados para la primera mitad de 2020 y, con ello, también se extendieron los mandatos de autoridades electas por periodos que culminaban este año. En este marco, analizar las condiciones y efectos de estos fenómenos, con enfoques de democracia y género, resulta clave.
Virtualidad y transparencia en los parlamentos de la región
En marzo, de forma inédita, los parlamentos de cuatro países de la región empezaron a sesionar de forma virtual: Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay[1]. Para mayo se había sumado a esta modalidad la mayoría de los 19 países de ALCH, con transmisiones públicas de sus sesiones, aunque algunos continúan sesionando presencialmente (Costa Rica, Cuba, Nicaragua, El Salvador).
Este modo de operación de las instituciones con el más alto nivel de la representación política de los países despierta interrogantes interesantes, vinculadas, principalmente, a la participación ciudadana. Por ejemplo, si esta forma de reunión de los parlamentos es posible, y se utiliza este mecanismo para adoptar decisiones que afectan a poblaciones enteras ¿por qué no sería factible la participación ciudadana amplia, debatida, y prácticamente en tiempo real en los procesos de decisión sobre las políticas públicas? Existen proyectos de ley que permanecen en los cajones congresales meses y hasta años, como sucede en Paraguay con el Proyecto de ley contra Toda Forma de Discriminación, que duerme en las comisiones de las cámaras parlamentarias desde hace casi cinco años[2]. Con certeza, semejante tiempo sería suficiente para que amplios sectores de la población dieran su opinión a través de procesos participativos virtuales y públicos.
La posibilidad de uso de estos mecanismos para la participación ciudadana en los procesos de las políticas públicas demanda, sin embargo, un prerrequisito: la nivelación de las condiciones de acceso a la tecnología y conectividad de los sectores históricamente excluidos, de modo que cuenten con dichos instrumentos y con los conocimientos necesarios para su utilización, en un continente con tantas desigualdades. Ello implica una inversión pública indispensable para superar la brecha digital y de infraestructura, así como la alfabetización digital.
La postergación de las elecciones y la democracia formal
Como consecuencia de la expansión del virus, en diez países de ALCH se trasladaron fechas de elecciones nacionales o subnacionales para tiempos posteriores: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estas postergaciones tienen especificidades importantes para el análisis con perspectiva democrática.
Bolivia, después de una crisis con militares de por medio que, en noviembre pasado, causó el derrocamiento de Evo Morales, debía realizar sus elecciones nacionales en mayo para retomar la senda de la democracia formal. A raíz de la pandemia, se fijó una nueva fecha para el 6 de setiembre, en medio de una disputa entre la presidenta de facto Jeanine Áñez y el congreso con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS). Chile, por su parte, que venía de un largo conflicto social con movilizaciones multitudinarias y represiones estatales crueles que dejaron cientos de personas muertas, presas y cegadas, postergó para octubre el plebiscito sobre la redacción o no de una nueva Constitución Nacional agendado para abril; en tanto, las elecciones municipales y de gobernaciones, cuyas primarias y generales estaban fijadas para junio y octubre de este año, pasaron para el 2021.
Paraguay también postergó las elecciones primarias o internas previstas para julio y las elecciones municipales previstas para noviembre de 2020. En esas elecciones, el país inauguraría el sistema de listas desbloqueadas[3] utilizando el voto electrónico. La pandemia puso en “cuarentena” todos los debates. A su vez, República Dominicana postergó sus elecciones nacionales por un año y Uruguay postergó sus elecciones departamentales por algunos meses, marcándolas de nuevo para el mes de octubre de 2020. En los demás, países hubo cambios de fechas de elecciones específicas en ciertos territorios: Argentina postergó dos elecciones locales, Brasil postergó la elección de un senador para un Estado, Colombia hizo lo propio con las elecciones de juntas comunales, México postergó elecciones en algunos estados federales, en tanto Perú postergó las elecciones locales en un distrito.
Las modificaciones de los calendarios electorales son ineludibles en momentos en que las medidas de distanciamiento son la clave para evitar la expansión del covid-19 y los procesos electorales pueden significar aglomeraciones. Sin embargo, ello implica también alargues de los periodos de quienes han sido electos/as y esto debe ser mirado con mucha cautela por la fragilidad de la democracia formal en la región; a partir de 2009, se sucedieron cuatro derrocamientos presidenciales. Los golpes en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019) dejaron muy claro que el pensamiento autoritario y golpista sigue muy presente en América Latina, así como los deseos de permanencia, modificando legislación, e incluso constituciones, para ampliar mandatos, independientemente de la alineación ideológica y el contexto de la pandemia.
Es decir, los riesgos están latentes, y las actuaciones de autoridades actuales lo evidencian. Como ejemplo, en Brasil, Jair Bolsonaro, en plena pandemia, convocó a un acto en fecha 15 de marzo, con claro propósito de presionar al congreso y con elementos de propaganda que aludían a que “los generales aguardan la orden del pueblo”. Sus seguidores hablaban de “disolver el congreso” y el Poder Judicial, y aunque no pudo ganar su juego, avanzó hacia la militarización de su gabinete. En Bolivia, Añez, que tiene porcentajes muy bajos de intención de votos, ejerce la presidencia de facto del país desde noviembre, cuando Morales fue derrocado con un alzamiento policial y militar posterior a protestas por el irrespeto del referéndum que dijo no a su continuidad. Las elecciones de marzo constituirían una salida formal a la situación, pero esta tendrá que esperar hasta setiembre. A esto hay que sumar que, en países como Paraguay, las autoridades locales son obligadas a renunciar fácilmente en medio de escándalos, como sucedió recientemente con el intendente de la capital paraguaya, Asunción, Mario Ferreiro y con el intendente de Lambaré, Armando Gómez[4]. Todas estas circunstancias, y otras, ponen en cuestión el voto y su valor, por lo que es fundamental para la democracia seguir defendiéndolo, así como también reconocer las limitaciones que establece el mandato popular derivado de su ejercicio.
Las circunstancias desencadenadas por la pandemia en términos de modificaciones de procesos electorales no pueden ser banalizadas y es necesario pensar en otras formas de desarrollar los procesos electorales en contextos como el que vivimos, pues la incertidumbre no debería significar la eternización de las autoridades vigentes en los países y municipios de la región. Además, aunque la actual pandemia acabe en este año, podrían ocurrir nuevamente situaciones similares, por lo que sería importante que los organismos electorales diseñen mecanismos para desarrollar elecciones en condiciones diferentes a las llevadas a cabo hasta ahora. Y aquí cabe analizar el voto electrónico.
El voto electrónico y sus riesgos en la mesa de debate
El impacto del covid-19 ha sido abrumador en relación con el uso de la tecnología. El teletrabajo y las teleclases se expandieron abruptamente e indujeron a nuevas formas de relacionamiento entre personas y entre personas e instituciones y es indiscutible que existe una aceleración hacia adelante en la ampliación del uso de las nuevas tecnologías para la cotidianidad. En un contexto con esas características ¿implicará esto también un salto del apoyo al uso del voto electrónico para los procesos electorales? Indudablemente, el debate está sobre la mesa.
Pero, así como la educación a distancia no solo plantea la grabación de clases que se desarrollan con una pizarra y enviar-recibir tareas, el voto electrónico implica no solo una discusión sobre máquinas versus papel, sino que pone en debate el sistema electoral. Al decir de Tula (2012), “la aplicación del voto electrónico no solo supone la incorporación de máquinas electrónicas el día de los comicios sino, más bien, se trata de un profundo y gran cambio con impactos diferenciados en el orden social, jurídico y político”. Por su parte, Tuesta (2007) afirma que “el voto electrónico produce un impacto significativo en los materiales, actividades y procedimientos electorales […] y supone “un cambio profundo en los hábitos de los ciudadanos”.
En principio, desaparece el concepto de “mesa de sufragio” y es remplazado por un ambiente que, hasta físicamente, es distinto: el “módulo de votación” (que agrupa varias mesas de votación manual y multiplica el número de votantes por cada cabina de votación). El elector al ingresar al aula o ambiente de votación ya no encontrará las acostumbradas mesas con su ánfora, la tinta indeleble, el tampón, las actas-padrón con la lista de votantes y una variedad de otros formatos en papel. En lugar de ello encontrará una PC con teclado, ratón (mouse) o pantallas sensibles tacto (touch screen). Y en lugar de los miembros de la mesa, encontrará operadores frente a una computadora que “identificará” al elector”. (Tuesta, 2007, p. 954)
Es decir, los cambios no son menores y a esto es importante agregar que, si bien Tuesta habla de que, en Latinoamérica, por ser de población mayoritariamente joven, podría ser más optimista respecto del voto electrónico, las comunidades de especialistas en informática de América Latina, en general constituidas por profesionales jóvenes, han encontrado muchas vulnerabilidades en torno al voto electrónico[5]. Así, han hecho ver que, por un lado, existe un monopolio de pocas empresas especialistas en urnas electrónicas, por lo que se pondrían los votos ciudadanos con mucho valor en manos de unos pocos especialistas y, por otro lado, existen dificultades más técnicas respecto de la seguridad, riesgos de violaciones del secreto del voto, la auditoría, entre otras.
Es innegable que el voto electrónico presenta múltiples complejidades, pero, la necesidad de este debate en el marco de la pandemia surge porque es ineludible pensar en mecanismos electorales compatibles con crisis como la que vivimos o con tiempos futuros similares. Todas las posibilidades deben ser analizadas y quienes tienen responsabilidades en términos electorales deben encontrar los caminos ante situaciones extraordinarias.
La representación política puesta en entredicho en tiempos de pandemia
En general, las medidas que los gobiernos de la región tomaron ante la pandemia fueron rápidas y contundentes: cuarentena, cierres de fronteras, distanciamiento social. En algunos países, sin embargo, la escasa importancia inicial que sus líderes dieron a las crisis generó conflictos, expansión de la crisis sanitaria y puso en entredicho sus liderazgos. Es lo que sucedió con Bolsonaro, de Brasil, y López Obrador, de México. En el caso del presidente brasileño, a los alegatos de “crímenes de responsabilidad y contra la salud pública” se suman los de “atentado a la democracia” en más de 30 pedidos de destitución[6].
Por otra parte, la corrupción en las compras públicas vinculadas al covid-19 ha sido la impronta en varios países, como pasó en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay, en los que se han visto escándalos con denuncias de sobrefacturaciones. En Panamá esto afectó la compra de respiradores y en Paraguay la compra de mascarillas de protección; en todos ellos las fiscalías iniciaron procesos de investigación. En Guatemala, dos viceministros de salud han sido destituidos por presunta corrupción vinculada a compras para afrontar la emergencia sanitaria.
A estos hechos que desprestigian la acción política hay que sumar actuaciones impropias de autoridades que violaron las medidas de cuarentena como sucedió en Paraguay, donde una senadora, María Eugenia Bajac, perdió la investidura por votación de sus pares, luego de haber incumplido la cuarentena a su vuelta de un viaje al exterior, con el agravante de haber mentido respecto de los objetivos del viaje realizado. Estos trances, y otros, no dejan bien parada a la política en la región, y colocan como central la necesidad de que en una zona con una democracia frágil y de “baja intensidad” –como se la ha caracterizado en varias oportunidades– se fortalezcan el debate y la participación. Esto podría contrarrestar el desapego político que ya estaba muy extendido y que podría ampliarse ante las malas actuaciones de quienes ejercen la representación política.
¿Hay oportunidades para la participación política de las mujeres?
Las múltiples y difíciles circunstancias que desata la crisis sanitaria hacen que la interrogante sobre las oportunidades que podrían tener las mujeres en la esfera política en este tiempo deba complejizarse. Algunas circunstancias indican que este contexto puede representar una oportunidad para visibilizar los buenos resultados de la participación política de las mujeres. Por ejemplo, la BBC destacó la gestión de la pandemia en los países donde las autoridades son mujeres: Mette Frederiksen (Dinamarca) Katrín Jakobsdóttir (Islandia) Sanna Marin (Finlandia), Angela Merkel (Alemania), Jacinda Ardern (Nueva Zelanda), Erna Solberg (Noruega) y Tsai Ing-wen (Taiwán).
Esta buena gestión de mujeres líderes podría influir en el imaginario colectivo para lograr una identificación positiva de la presencia de las mujeres en la política, y con ello impulsar apoyos a medidas que garanticen esta presencia, tales como la paridad, que, si bien se ha extendido en la región, aún debe instalarse en sociedades en las cuales las mujeres tienen una representación muy escasa, como sucede en Brasil, Paraguay y Guatemala. Además, es necesario recordar que las mujeres están presentes en la resistencia y el reclamo aún en tiempos de pandemia, como lo hacen las feministas brasileras con acciones contra Bolsonaro. A esto debe sumarse el papel protagónico que asumieron las mujeres en varios países ante los conflictos en torno a la implementación de las medidas de aislamiento sin apoyos estatales económicos suficientes; ellas respondieron, antes que, con reclamos de ocupar espacios de poder político, con propuestas para resolver el hambre, lo inmediato: las ollas populares. Estas respuestas deben ser visibilizadas en la esfera política en términos de vincular lo que la gente precisa y el posicionamiento claro ante el autoritarismo con la acción política, y, por tanto, colocar en el debate público la necesidad de que las potencialidades de las mujeres para actuar no sean desaprovechadas.
Ahora, la posibilidad de que estas buenas capacidades de gestión y respuesta de las mujeres, evidenciadas en la pandemia, sean capitalizables a nivel político, tiene su contracara en las consecuencias para las mujeres de las medidas para afrontar la crisis. El confinamiento en los hogares por la indicación de distanciamiento social, la expansión del teletrabajo, la suspensión de las actividades escolares, pusieron claramente sobre las mujeres presiones incrementadas en tiempo y esfuerzo. ¿Cómo podrían entonces las mujeres aprovechar sus capacidades de liderazgo y acción y las referencias positivas de los liderazgos femeninos del mundo, para impulsarse en la esfera política, cuando la sobrecarga de trabajo de cuidados, doméstico, de guía escolar a los niños y niñas que deben hacer las tareas desde los hogares, de teletrabajo, las agota y sobre exige?
Estos claros obstáculos indican que son necesarias políticas estatales que distribuyan los impactos de esta crisis en los hogares y descarguen a las mujeres de los múltiples pesos que podrían frenar aún más su plena participación política, sobre todo a las mujeres que por condiciones de clase, etnia y otras variables de discriminación, de hecho ya estaban excluidas de la representación política, y que con las consecuencias de los tiempos que vivimos, pueden alejarse aún más de las posibilidades de participación.
La pandemia causada por el covid-19 produjo cambios en todos los ámbitos y en la esfera política estos han sido radicales en la región, empezando por los mecanismos de operación de la institucionalidad política y llegando a la modificación de calendarios electorales, circunstancias que deben ser miradas con cuidado en el marco de contextos de fragilidad democrática. Las respuestas de quienes se encuentran en la representación política han tenido múltiples falencias en varios países, incluso algunas ligadas a la corrupción en las compras de insumos para afrontar la pandemia, lo cual puede aumentar la desconfianza y el desapego hacia la política en un continente donde el pensamiento autoritario continúa presente. Fortalecer el debate y la participación resultan indispensables para que la política sea el espacio de confrontación democrática y de construcción de respuestas a las necesidades sociales.
Finalmente, aunque en los grandes debates sobre las políticas públicas de respuesta a la pandemia todavía faltan las voces de las mujeres, los ejemplos de buena gestión de mujeres líderes en el mundo y la capacidad manifestada por las mujeres, sobre todo de los sectores populares, para responder a la crisis con acciones concretas, podrían brindar oportunidades de impulsar la participación política femenina. Pero para que este impulso pueda darse, los impactos de la crisis en las mujeres deben ser abordados desde las políticas públicas, y con un compromiso claro de superar las desigualdades de género estructurales que existen en la región y que continúan poniendo obstáculos para su presencia en la esfera política.
Referencias bibliográficas
BBC. “Coronavirus: 7 mujeres que están al frente de algunos de los países que mejor están gestionando la pandemia”. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52295181 Fecha de acceso: 07 de junio de 2020
Tuesta Soldevilla, F. (2007) En “Treatise on Compared Electoral Law of Latin America”. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Disponible en: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-38.pdf Fecha de acceso: 07 de junio de 2020
Tula, M.I. (2012) “Democracia, elecciones y nuevas tecnologías. el voto electrónico” en Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública epartamento de Gestión Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno. Volumen 1, número 2, julio-diciembre 2012Pp. 9-21
[1] Ver
[2] El proyecto de ley contra Toda Forma de Discriminación había sido presentado por primera vez en el año 2006 y después de 8 años fue rechazado, en el año 2014. En el año 2015 fue presentado nuevamente y desde entonces no ha sido tratado por la Cámara de Senadores.
[3] En el año 2019, por Ley nº 6318 fue modificada la Ley n° 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo’, y se estableció el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales. El desbloqueo consiste en la posibilidad de modificar el orden de las listas plurinominales votando “al candidato de su preferencia dentro de la casilla del Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza de su preferencia.” (Art. 258).
[4] Mario Ferreiro, electo en 2015, renunció a la Intendencia Municipal de Asunción en fecha 20 de diciembre de 2019, en tanto Armando Gómez renunció a la Intendencia Municipal de Lambaré el 16 de marzo de 2020.
[5] Ver, por ejemplo
[6] Ver
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