Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur
Con la adhesión de Tucumán, la capacitación con perspectiva de género sobre violencias machistas pasa a ser obligatoria para funcionarios/as públicos/as en los tres poderes del Estado.
El pasado viernes 22 de mayo la legislatura de la provincia de Tucumán aprobó la adhesión a la Ley Micaela, con 39 votos a favor y 8 en contra. La Ley 27.499, sancionada por el Congreso Nacional en 2018, se conoce como Ley Micaela por Micaela García, joven que en 2016 fue violada y asesinada en Gualeguay (provincia de Entre Ríos), y establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y sensibilización ante las violencias machistas para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado.
Tucumán era la única provincia en el país que no había adherido. Semanas antes de la votación en la legislatura de esa provincia, Nadima Pecci, legisladora por Fuerza Republicana, había presentado un proyecto que se oponía a la adhesión. Este proyecto alternativo era firmado también por el legislador Ricardo Bussi, hijo del genocida Domingo Bussi, quien en una entrevista radial declaró que no conocía “casos de asesinato por condición de mujer”, que “la moda del feminismo nació hace seis años, el país antes funcionaba”, y que “el feminismo es una ideología que explica la realidad actual desde una perspectiva sesgada. No asumimos la ideología de género como propia”. En el texto del proyecto presentado sostenían, entre otras cosas, que la ley nacional “empodera a la mujer como una suerte de Gestapo ideológica” y que “se evidencia que, en realidad, la verdadera intención no es la lucha contra la violencia de género, sino la de imponer por la ventana una visión ideologizada y confrontativa, utilizando para ello una tragedia social”.
En respuesta a las opiniones de Ricardo Bussi, la madre y el padre de Micaela García emitieron un comunicado donde destacaron que “la implementación de la Ley Micaela es una urgencia pública ante la violencia que sufren las mujeres y es una deuda ética con todas las que ya no están”. Resaltaron que “lleva el nombre de una joven violada y asesinada, y encarna tantas otras historias dolorosas y evitables, de vidas arrebatadas por la violencia machista y por un Estado que se revela incapaz de actuar oportunamente”.
Durante los días previos a la discusión en la legislatura, más de 200 organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos y del movimiento feminista, tanto de Tucumán como del resto del país, firmaron documentos de apoyo a la sanción y exigieron la adhesión al protocolo sin modificaciones y sin demoras. Pese a que el movimiento feminista entiende como un logro la adhesión de Tucumán, será necesario, como siempre, sostener una mirada atenta para su efectivo cumplimiento: el proyecto se aprobó con modificaciones que establecen que las personas encargadas de la aplicación y control serán las titulares de cada poder del Estado y no el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (creado en diciembre del año pasado por el nuevo gobierno, a cargo de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta). Esta alteración de la ley original “abre el juego a que cada poder del Estado haga lo que quiera con los contenidos de las capacitaciones”, indicó Soledad Deza, abogada feminista e integrante de Mujeres x Mujeres. Teniendo en cuenta el camino recorrido hasta la adhesión, se prevé que sea necesaria la supervisión y acompañamiento de organizaciones y profesionales capacitados/as para no vaciarla de contenido. Por estas horas, el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Tucumán, a cargo de Carolina Vargas Aignasse, prepara la instrumentación.
Sobre la Ley Micaela
Algunas de las medidas que establece la ley son:
– Formación y capacitación en perspectiva de género para los funcionarios y funcionarias de la gestión pública, sin importar jerarquía, forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
– La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
– El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres y el Ministerio de Modernización.
– Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
– Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
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