Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur
Por primera vez un Tribunal de Enjuiciamiento destituyó a un juez por no aplicar las convenciones internacionales y leyes que protegen a mujeres y niñas.
El juez penal Nicolás Muse Chemes, de la provincia de Santa Fe, fue destituido por 6 votos a 4 el septiembre pasado. La acusación la había formulado el Procurador de la provincia, Jorge Barraguirre, y el pedido de juicio político lo impulsó en la legislatura la diputada provincial Alicia Gutiérrez.
El jurado a cargo determinó, luego de analizar 160 casos, que “La ignorancia inexcusable del derecho, vale decir, palmario, contundente, que no admite ni matices ni disculpas, revela la falta de idoneidad de Muse Chemes para el juzgamiento del colectivo jurídico involucrado en estas causas, donde se encuentran comprometidos no sólo los derechos constitucionales de los imputados sino también de las presuntas niñas, niños y adolescentes víctimas. Importan también un incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución y las leyes”.
El caso de C.E.R.
El hecho que llevó a legisladores provinciales a radicar una denuncia ante la Corte Suprema ocurrió en 2011, cuando una joven identificada como C.E.R., en ese entonces de 19 años, denunció que su padre abusaba de ella y de sus hermanas desde que tenía 13 años. El acusado fue procesado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, pero Muse Chemes minimizó las evidencias, no consideró el testimonio de la víctima y absolvió al acusado en 2012. Ante este fallo, repudiado por organizaciones feministas y de Derechos Humanos, abogadas del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y del Comité Latinoamericano y del Caribe por los Derechos de las Mujeres (Cladem) presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto de 2018, el gobernador santafesino Miguel Lifschitz recibió a C.E.R. para pedirle disculpas públicas en el marco del “acta de compromiso de solución amistosa”, suscripta por el Ejecutivo de Santa Fe y la ONU en 2016 (bajo el Decreto N° 2.234). Además del pedido público de disculpas, el acta establecía que el gobierno provincial debía resarcir económicamente a C.E.R. y capacitar en perspectiva de género a los cuerpos técnicos del Poder Judicial de la ciudad de Reconquista (donde vivía C.E.R. cuando se produjeron los hechos).
Muse Chemes pidió su renuncia para jubilarse y Lifschitz se la negó, abriendo así el camino para que, por primera vez en la Argentina, un juez sea destituido por incumplir los tratados internacionales con rango constitucional y las leyes que protegen los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Un hito para Latinoamérica
La abogada Susana Chiarotti, integrante de Cladem, señaló que la presentación del caso ante la CIDH y la penalización que recibió el Estado argentino “rompió un pacto, algo así como un pacto atávico de proteger a los abusadores. Comenzaron a poner en duda cómo habían juzgado, en qué habían fallado; empezaron a revisar eso, por primera vez, de manera crítica. Se empezaron a revisar ellos mismos”. Y agrega: “Creo que C.E.R. rompe una cuestión que estaba naturalizada en el norte de la provincia. Nos decían: esto es normal acá, es normal para estas chicas, que sean abusadas por los padres… Como si fuera parte de la cultura, como si de verdad fuera normal. Lo que este caso hace es romper con la naturalización y mostrar la verdadera naturaleza de lo que pasaba, que era que se estaban violando los derechos de las niñas a tener un desarrollo adecuado, a desarrollar libremente su sexualidad, a crecer con libertad y a no vivir atemorizadas dentro del hogar”.
La destitución de Muse Chemes demuestra que, en palabras de Chiarotti: “Ya no basta con citar a Belem do Pará, como hacen muchos, y después dejar que todo el contenido de la sentencia vaya en contra del espíritu de la Convención. No se trata de cumplir así, se trata de empaparse del texto de la Convención, de su espíritu”.
Esta destitución, histórica y ejemplificadora, deja claro que el sistema del poder judicial debe actualizarse y que sus operadores deben instruirse y formarse con perspectiva de género. El movimiento feminista no tolera más la justicia patriarcal y machista.
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