La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Uruguay no está cumpliendo con los plazos establecidos por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo que pone en riesgo el derecho a decidir de las mujeres.
El 18 de enero, una usuaria de ASSE se presentó al servicio de atención del Pereira Rosell, uno de los hospitales públicos de Montevideo, y solicitó hora para iniciar el proceso de interrupción del embarazo. Le otorgaron como fecha para la primera consulta el 16 de febrero, o sea, un mes después.
La ley IVE Nº 18.987, aprobada en 2012, establece que el plazo máximo para realizar un aborto legal es de 12 semanas de embarazo y obliga a cumplir un procedimiento que consiste en una consulta con un equipo interdisciplinario (integrado por profesionales de la ginecología, de la psicología y del trabajo social), un tiempo de reflexión de cinco días y un consentimiento informado que reafirme voluntad de interrumpir el embarazo.
El Artículo 3 de dicha ley establece que “la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso” y, en ese momento, el o la profesional consultado/a “dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario”.
Cotidiano Mujer, integrante de la AFM, publicó un comunicado para denunciar la situación irregular y afirmó que este problema “vulnera los derechos de las mujeres e incumple la ley”. A su vez, abrió un canal de comunicación con la ciudadanía para recoger más testimonios de mujeres que hayan pasado por un aborto legal y estén interesadas en formular una denuncia formal.
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