Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur
Son 11 los proyectos que ya empezaron a discutirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Más allá de las particularidades de cada uno, la ley supondría la incorporación de 40.000 personas trans y travestis al mercado laboral formal.
Como bien sabemos luego de tantos meses, la pandemia de Covid-19 ha profundizado las desigualdades sociales, con mayor impacto en los colectivos más vulnerables como son las mujeres y las disidencias. En ese complejo entramado de innumerables necesidades y múltiples dificultades y vulneraciones para acceder a sus derechos que deben enfrentar las personas travestis y trans, el acceso al empleo es una enorme urgencia que el Estado debe garantizar y que les ha sido sistemáticamente negado.
La iniciativa del cupo laboral travesti-trans fue impulsada por Diana Sacayán, referente y activista travesti, quien la pensó como una estrategia de inclusión para el colectivo, en un país donde el 95% de travestis y trans han ejercido o ejercen el trabajo sexual. En septiembre de 2015 se logró la sanción de la ley n° 14783 en la provincia de Buenos Aires (aunque se reglamentó recién en diciembre de 2019). Un mes después, el 11 de octubre de 2015, Diana fue asesinada.
Tres nuevos proyectos de ley para la inclusión laboral de travestis y trans se presentaron el 5 de marzo de este año en la Cámara de Diputados, y al día de hoy son 11 los que están siendo debatidos en las reuniones que coordina la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por la diputada Mónica Macha.
“Partimos de sociedades desiguales y frente a ellas hay una lucha histórica de este movimiento social, con aportes de luchadoras irremplazables como Lohana Berkins, Claudia Pia Baudracco y Diana Sacayan. La defensa de los derechos de las personas travestis y trans es un compromiso de nuestra democracia, un homenaje tardío para todas aquellas personas travestis y trans que murieron y dieron todo por este proyecto”, dijo Alba Rueda en la segunda reunión online que se llevó a cabo para tratar el tema. Alba es la primera persona trans en ocupar una Subsecretaría de Estado en Argentina, siendo subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Las organizaciones de disidencias sexuales también se han encargado de relevar, investigar y sistematizar las experiencias de su colectivo. Es a partir de ellas que están disponibles datos como que el 73% de la población travesti-trans no completó sus estudios por las prácticas discriminatorias de las instituciones educativas y que el 85% ha sido víctima de abuso policial. Si bien en distintas escalas se han establecido normativas y acciones que tienen por objetivo la inclusión del colectivo, son insuficientes. El desarrollo de políticas nacionales que garanticen la inclusión laboral de personas travestis y trans es imperante.
Los proyectos
Los 11 distintos proyectos buscan garantizar el acceso al mercado laboral formal de las personas travestis y trans, coincidiendo en algunos puntos y difiriendo en otros.
Un punto en el que coinciden es en establecer un cupo laboral dentro del sector público, lo que implica como ámbito de aplicación a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), organismos descentralizados, entes públicos no estatales y empresas del Estado. Hay casos que también establecen cupos en cargos no docentes de universidades públicas nacionales. Respecto de la autoridad de aplicación, hay propuestas de que el Ministerio de Trabajo sea el encargado de dar cumplimiento, mientras que otros proponen un ente específico o un consejo consultivo ad-honorem. Algunos de los proyectos buscan también apelar al sector privado, proponiendo por ejemplo sistemas de estímulo por exenciones impositivas para las empresas que contraten personas trans.
Dos puntos a destacar son, por un lado, que en consonancia con la Ley de Identidad de Género, la mayoría de los proyectos proponen no exigir el cambio registral del DNI, y respetar así la identidad autopercibida. Por otro lado, casi todos coinciden también en que generar espacios de capacitación y planes para completar los estudios es fundamental para el éxito de la ley, por cuanto experiencias previas fracasaron ya que los puestos requerían condiciones de idoneidad que un colectivo tan vulnerado no puede cumplimentar sin programas de capacitación que efectivamente le permita acceder a los conocimientos requeridos.
En varias ciudades e instituciones se están aplicando medidas que tienden a la inclusión, pero muchas han quedado a medio camino entre la enunciación y la buena voluntad. La ley que se obtenga tiene el deber de producir un cambio real, y habilitará seguramente nuevos debates para lograr más derechos para el colectivo travesti trans. La incorporación de las personas trans, sus deseos, experiencias, trayectorias y narrativas, son clave para una profunda y real transformación de las estructuras patriarcales. Una ley de acceso laboral es solo una de incontables medidas que el Estado y la sociedad deben tomar, en el largo y desafiante camino de construir un mundo más vivible que no deje a nadie afuera.
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