Entre las deudas del Estado, los ataques de antiderechos y nuestra orgullosa resistencia.
Fonte: Boletín Boca A Boca – Articulación Feminista Marcosur
Argentina celebró el octavo aniversario de la Ley de Identidad de Género y el décimo de la Ley de Matrimonio Igualitario, derechos conseguidos tras décadas de lucha del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Travestis, Intersexuales, Queer, No Binaries y otras identidades disidentes. En medio de las conmemoraciones y los reconocimientos en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, grupos antiderechos de varios puntos del país agredieron a varias personas y destrozaron algunos símbolos de lucha.
Estos hechos violentos, sumados a los que cotidianamente viven las identidades disidentes, nos interpelan a hacer memoria y reflexionar acerca de los avances, desafíos y deudas pendientes respecto a la equidad de oportunidades e igualdad de derechos en Argentina.
Ampliación de derechos: yo elijo, yo decido
El 15 de julio el Matrimonio Igualitario cumplió una década: Argentina fue el primer país latinoamericano, y el segundo del continente, en habilitar la unión conyugal de personas del mismo sexo. La Ley 26.618 sustituyó el matrimonio entre “hombre y mujer” por la figura de “contrayentes”, desdibujando la categorización binaria del sexo y ampliando este derecho históricamente reservado a la hetero-cis-sexualidad. Bajo la consigna “El mismo amor, los mismos derechos”, la multitud fuera del Congreso celebró la posibilidad de decidir en igualdad. Casi 2.700 parejas se casaron en el primer año de existencia de la ley.
La relevancia de esta conquista no solo radica en los derechos materiales que el matrimonio reconoce (como herencia, patria potestad de hijos/as, pensión por viudez, seguridad social, adopción, etc.), sino también en el debate social que desencadenó. Romper con la exclusividad heterosexual del matrimonio fue clave para derrotar la hegemonía del discurso homo-odiante. Fue la oportunidad de producir una transformación en la percepción social sobre las diversidades: habilitó hablar y visibilizar la sexualidad, el afecto, el parentesco, más allá de la pareja hetero-cis. A su vez, hubo algunas críticas vinculadas al protagonismo o privilegio que se le concedió al matrimonio por sobre otras formas de afecto sexual y vinculación del movimiento queer.
Dos años más tarde, en mayo de 2012, el Congreso aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género, que reconoce la identidad autopercibida de las personas del colectivo travesti-trans-intersex desde una perspectiva despatologizadora, sin requisitos médicos, judiciales o psiquiátricos para conseguir la reasignación genital. A 8 años de la sanción de esta ley, ya accedieron a su nuevo DNI más de 9000 personas, según datos del Registro Nacional de las Personas. Se trató de una ley vanguardista, la primera de este tipo en el mundo, al habilitar la libre expresión de la identidad de género sin exigir la intervención quirúrgica total para acceder al documento nacional con la nueva identidad. Además, permitió la inclusión de intervenciones quirúrgicas menores y tratamientos hormonales en el Programa Médico Obligatorio.
A pesar de los avances estatales, la aplicación real de esta ley aún hoy presenta dificultades y existen obstáculos estructurales para el acceso de las personas trans a derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la identidad y el derecho a una vida libre de violencia. Los tratamientos médicos y quirúrgicos y la atención hospitalaria integral no están garantizados para este sector de la población. Los actos discriminatorios y violentos en la vía pública, la imposibilidad de acceder al trabajo y a la educación, el trato desigual en ámbitos de salud y justicia, y la ausencia estatal son problemáticas que perduran. Estas condiciones de vida y el alto índice de travesticidios y transfemicidios hacen que, en Argentina, la expectativa de vida de estas personas sea de 35 años, según el informe de la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina y la Fundación Huésped.
Orgullosa resistencia
Cada 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, en memoria de los hechos ocurridos en 1969, cuando un grupo de travestis, lesbianas, bisexuales y gays resistieron con piedras y botellazos una razzia de la policía a un pub llamado Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York.
En varias ciudades argentinas se dieron hechos violentos hacia la comunidad disidente que intentaba conmemorar este día. En Córdoba, particularmente, grupos antiderechos bajaron a la fuerza una bandera de la diversidad que había sido izada en un parque de la ciudad. También destrozaron una placa conmemorativa e insultaron y agredieron físicamente a las personas que les pedían que se detuvieran. Permanecieron largas horas en el lugar, hasta que intervino la policía, sin cuidados ante el Covid-19, sin tapabocas y sin respeto de ningún tipo, vandalizando un símbolo de libertad, derechos y visibilidad ante los crímenes de odio.
Días más tarde, colectivos y agrupaciones disidentes de Córdoba invitaron a llenar la ciudad de banderas diversas, con la firme convicción de que “el orgullo es nuestra respuesta política”. “Por cada bandera que nos bajen subiremos mil”, aseguraron desde la organización, en un acto de orgullo, conmemoración y resistencia. Se realizó un Cabildo Abierto Drag, que se transmitió en vivo por el canal de Youtube de DragazaTV, y una caravana de autos recorrió el centro de la ciudad mientras, desde ventanas y balcones, brillaban los colores de la diversidad.
La ampliación de derechos es un paso importante para acabar con la discriminación y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, los derechos son conquistas diarias que se sostienen cotidianamente. Es crucial revisar la efectiva implementación de las leyes, condenar y accionar contra el odio hacia el colectivo disidente, impulsar políticas públicas que acorten la brecha de la desigualdad y, sobre todo, escuchar lo que las organizaciones LGBTIQ+ sostienen, discuten, denuncian, proponen y hacen.
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